Salvar un gimnasio para salvar la ciudad
En el distrito de Ciutat Vella, tan castigado por tantas cosas, allí donde se encuentran los barrios del Raval, Sant Antoni y Poble Sec, hay una inmueble único en el que ocurren cosas estupendas.
De el artículo de Pedro Bravo, publicado originalmente en eldiario.es el martes 4 de diciembre.
El gimnasio Sant Pau se llama a sí mismo social y hace muy bien. Con casi 80 años de historia, ahora es gestionado por una cooperativa de trabajadores que no sólo da servicio como espacio para la práctica de deportes varios a precios populares, sino que ofrece acceso gratuito a personas de colectivos vulnerables y duchas para personas sin hogar, da acceso a adolescentes a cambio de revisar que van bien en los estudios, abre la piscina una vez a la semana para que las mujeres musulmanas puedan nadar y mantiene horarios especiales en Ramadán, tiene vestuarios y da clases para personas trans, permite el registro a las personas sin papeles y, en general, está abierto para todos aquellos a los que se suelen cerrar las puertas.
Todo eso ocurre cada día en un suelo —planta baja y un piso sobre la calle— que es un caramelo para el capital inmobiliario. En esa zona asolada por la gentrificación y la sustitución de vecinos por turistas, el Sant Pau es la promesa de un negocio mayúsculo para la propiedad, la familia Samaranch-Viñas (sin relación, al parecer, con la olímpica).
Por eso, los trabajadores del gimnasio llevan años peleando contra los intentos de expulsión y promoviendo la unión de vecinos, colectivos y profesionales mediante una movilización y una propuesta cuyos planteamientos y objetivos van mucho más allá de la supervivencia del propio negocio y tienen que ver con la activación de procesos de verdadera democracia participativa en los barrios, con un modelo innovador de vivienda con fin social y con una ciudad que sabe que defender y salvar espacios y proyectos como éste es una manera de salvarse a sí misma.
#SalvemelSantPau consiguió movilizar a cerca de 40 entidades y centenares de vecinos. F. G. Robles
El problema es que, en las pocas semanas que quedan de año, el gimnasio y el proyecto de construir sobre él vivienda social se la juegan: la propiedad ha demandado de nuevo para lograr el desahucio y el Ayuntamiento de Barcelona no termina de ejecutar las decisiones a las que se había comprometido.
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Para seguir leyendo el artículo completo, artículo de Pedro Bravo (@PedroBravo)
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